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Hace unos días, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público entregó al Ministerio de Hacienda sus 34 recomendaciones para ahorrar “hasta un 0,6% del PIB anual a largo plazo”, en Chile.
Fueron 4 meses de trabajo, muy intensos por cierto, dedicados a encontrar puntos que, teóricamente, estarían colaborando al uso ineficiente de recursos fiscales. Este informe permite elaborar propuestas técnicas de corto, mediano y largo plazo, las que a su vez -sin lugar a duda- contribuirán a alcanzar el prometido ahorro.
Más ahorro, suena bien.
Dentro de la treintena de sugerencias, se encuentra “revisar la continuidad” del INJUV (Instituto Nacional de la Juventud). Esto ha generado diversas reacciones, incluyendo al ámbito parlamentario, con la Diputada Ana María Bravo (PS) anunciando rápidamente su desaprobación a tal medida. “Por años he sido testigo del trabajo que realiza INJUV en beneficio de la inclusión, participación y salud de los jóvenes”, declaró Bravo.
“Yo no estoy dispuesta a aprobarlo”, remató.
Y es que si bien no es nuevo este caminar en la cuerda floja del Instituto Nacional de la Juventud, la reiteración de la amenaza no sólo inquieta a los trabajadores de este servicio perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, si no también a los jóvenes que han encontrado en esta institucionalidad un espacio de participación activa, un interlocutor válido entre sus problemáticas, propuestas y desafíos y el Estado, además de un apoyo al que pueden acceder de manera gratuita y anónima, constituyéndose como primera línea de contención cuando no hay dónde más ir o con quién más acudir.
El año 2023, según la OMS, Chile ocupó el 6to lugar latinoamericano en la estadística de suicidio adolescente y, en 2024, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, la principal causa de muerte en Chile entre jóvenes de 15 a 29 años fue -precisamente- el suicidio.
Ante esta cruda realidad ¿El Estado decidiría hacerse a un lado eliminando el único ente estatal dedicado 100% a políticas no educacionales relacionadas al desarrollo y participación de la juventud?
Desmembrar al INJUV repartiendo sus funciones entre diversas instancias fiscales promete, más que ahorrar recursos, provocar o profundizar una serie de problemáticas, recrudeciendo brechas entre el aparataje estatal y las nuevas generaciones.
En un escenario cada vez más incierto y complejo, donde la desigualdad de oportunidades marca la trayectoria vital de las personas, el Estado no debe abstraerse.
Al contrario, debe crear y facilitar espacios. No dirigirlos ni coparlos, si no facilitarlos, para equiparar, aunque sea en parte, lo que nos ha gustado llamar “la cancha”, en una más de las metáforas utilizadas para vestir de traje a la aberrante distancia entre quienes pueden pagar por oportunidades y quienes simplemente deben conformarse con agachar la cabeza y cerrar la boca.
“Come y calla”, como se diría.
La participación de los jóvenes en la vida cívica no sólo contribuye, en muchos casos, a reducir problemáticas de salud mental adolescente, abriéndose como un espacio de socialización, desarrollo de iniciativas y encuentro con la propia comunidad, sino que contribuye también a la sostenibilidad de la Democracia.
Sin participación juvenil organizada en política, en voluntariado, en todo tipo de acciones colectivas, se sientan las bases para la polarización extrema, el desencuentro ideológico y el autoritarismo validado como forma de gobierno.
Un ente del Estado que dedique sus esfuerzos 100% a la juventud no puede dejar de existir. Por el contrario, urge un compromiso transversal para corregir la tendencia a la baja en los recursos que año a año le han sido otorgados y dotarlo de las herramientas necesarias para cumplir su misión, que es promover y facilitar en cada rincón del país oportunidades de inclusión y participación para, por y con este fundamental 21% de la población de Chile.
